Sara Martínez interviene en el pleno del Ayuntamiento de Jaén para defender la moción por un referéndum sobre el rescate a la banca

Los colectivos firmantes de esta moción tenemos en común, entre otras muchas cosas, la firme creencia de que la ciudadanía española, de la que emana el poder que ostentan nuestros representantes, debe poder refrendar o rechazar aquellas decisiones políticas que vayan a afectar de manera notable a sus vidas. Decisiones políticas como el rescate de las entidades financieras españolas y el más que probable rescate total de España, hechos ambos que son de una trascendencia enorme para el futuro de todos.

 

Hoy mismo los medios de comunicación publican que serán necesarios para salvar a la banca mas de 40.000 mill€, lo que supone 4 puntos del PIB. 40.000 mill€ de deuda privada, generada por la pésima gestión del riesgo y la mala praxis de las entidades financieras, que van a pasar a engrosar la deuda pública, de manera que la factura haya de ser pagada por todos los contribuyentes. A pesar de ello, el Gobierno de España se ha negado a investigar las causas que han llevado a las entidades bancarias españolas a esta situación y declina exigir responsabilidades a sus dirigentes, que ni siquiera van a tener que dar explicaciones ante sus respectivas Asambleas.

 

Las consecuencias de estas decisiones son de todos conocidas. Con la vista puesta en el más que improbable cumplimiento del objetivo de déficit, y en hacer frente a una deuda que los ciudadanos y ciudadanas no han generado, se laminan las estructuras que hasta ahora han servido de apoyo a nuestro Estado de Bienestar, y se hipoteca el futuro de varias generaciones de españoles, desmantelando, privatizando o restringiendo el acceso a servicios públicos como la educación, la sanidad o la justicia, para mantener el actual sistema económico y financiero, que se ha demostrado inoperante.

 

Con el pretexto de que es imprescindible rescatar a las entidades bancarias para evitar un colapso de la economía, a quienes verdaderamente se está socorriendo con dinero público es a los acreedores de los bancos españoles: principalmente otros bancos franceses y alemanes. Este hecho se constata con la paradoja de que la concesión de las ayudas haya sido debatida en los parlamentos alemán y francés y no en el nuestro. El Gobierno ha decidido rescatar a los bancos, pero ¿quién rescata a las personas? ¿Quién nos salva de estas políticas, que están transformando España en un país en vías de subdesarrollo, que nos han convertido ya en el país con mayor desigualdad social de la Unión Europea?

 

La posibilidad más que real de que se solicite un rescate total, supondrá un nuevo golpe a nuestra economía que, con la lógica aplicada por el  Gobierno de la nación, obligará a más recortes de servicios básicos. La capacidad inversora de las administraciones continuará mermando, cercenándose su capacidad de dinamizar los sectores económicos con capacidad de generar empleo, cerrándose este círculo vicioso de austeridad, recesión, paro, pobreza y desigualdad. Además de impedirse la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo tan necesario para el país, serán puestos en peligro los únicos recursos de los que ya subsisten miles de familias, como son las pensiones, las ayudas a la dependencia, y las prestaciones y subsidios por desempleo.

 

 

No compartimos el discurso de que no hay alternativas. No compartimos que sea necesaria la creación de un “banco malo” y que el Estado tenga que hacerse cargo de activos inmobiliarios de dudoso valor sin saber si recuperará o no su inversión. Apostamos por la creación de un “banco bueno” a partir de la quiebra ordenada de la banca y su posterior nacionalización, con la creación de un stock de viviendas para alquiler público. Apostamos por potenciar aquellos sectores de la economía en los que haya potencial para crear empleo de calidad, en lugar de entregar la iniciativa a la Europa rica.

 

Entendemos además, que las decisiones en materia de política económica que toma este Gobierno, las toma de manera totalmente opaca y de espaldas a los ciudadanos y ciudadanas, que son los que están padeciendo sus durísimas consecuencias.

 

Es urgente y necesario someter a referéndum estas políticas y por lo tanto también la decisión del rescate. Más aún cuando estas decisiones suponen de hecho, una ruptura total con lo prometido por el PP durante la campaña electoral de las últimas Elecciones Generales. Una medida de esta trascendencia exige una consulta a la ciudadanía para que sea ésta quién decida sobre qué hacer, mucho más allá de la imposición sin más de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Queremos saber cuánto de lo que se contabiliza como deuda pública de las distintas administraciones realmente lo es. Queremos que se hagan públicas las condiciones de este falso rescate. Queremos saber cuánto habremos de pagar para salvar a los poderes financieros extranjeros.

 

Hay que negarse a los planes de estabilidad presupuestaria impuestos por los diferentes Gobiernos. Hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a salir a la calle contra el estado de excepción económico, político y social en el que nos encontramos.

 

Por todo lo anteriormente expuesto, los ciudadanos y ciudadanas de Jaén representadas por los colectivos que suscriben esta moción, conjuntamente con el Grupo Municipal de IU plantean para su debate y aprobación la adopción de los siguientes acuerdos:

 

1º.- El Ayuntamiento de Jaén, insta al Gobierno de España al sometimiento a referéndum popular de las medias económicas tomadas recientemente, especialmente las referidas a la operación de rescate de las entidades financieras españolas y a la posibilidad de solicitar un nuevo rescate para el conjunto del Estado, así como las relativas al progresivo retroceso de las prestaciones sociales, educativas y sanitarias.

2º.- El Ayuntamiento de Jaén insta a los Parlamentarios de la Junta de Andalucía, para exigirles que de ninguna manera, por acción u omisión, permitan que se aprueben medidas o presupuestos que originen recortes sociales o económicos, despidos o reconversiones, disminución o deterioro de los servicios públicos educativos y de la Universidad, sanitarios o de ámbito social, como atención a las dependencias, tercera edad o políticas de igualdad…

3º.- El Ayuntamiento de Jaén manifiesta su rechazo al Decreto del Gobierno Andaluz de junio 2012 por el que se aprueba el Plan de Estabilidad Presupuestaria y anima al ejercicio de la desobediencia civil en todos los niveles administrativos a las exigencias de los planes de estabilidad presupuestaria.

3.- El Ayuntamiento de Jaén apoya las reivindicaciones ciudadanas de la campaña “No debemos no pagamos”, que exige una auditoría ciudadana a la deuda ilegítima.

4º.- El Ayuntamiento de Jaén trasladará este acuerdo a las instancias que procedan.

 

Sobre el autor:

Sara Martínez es funcionaria de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y es coordinadora de EQUO Jaén

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